DPCA somete a la justicia a ex funcionario Agricultura por estafar al Estado con RD$79 millones a través de la compra de cebolla

Ramón Cruz Benzán - 5/5/2009, Listin Diario

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), sometió hoy a la acción de la justicia a dos personas, incluyendo un ex funcionario de la Secretaría de Agricultura, involucradas en el desfalco e intento de estafa al Estado dominicano a través de la compra de la producción de cebollas del municipio de Vallejuelo, de la provincia San Juan, a través de esa cartera por un monto de RD$79 millones de pesos.

La instancia del director de la DPCA, Hotoniel Bonilla García, está dirigida al Juez de la Instrucción de esa provincia, en la cual se describen las imputaciones y se solicita la imposición de medidas de coerción contra seis imputados, entre ellos, al ex director de la Regional Suroeste de la Secretaría de Agricultura, ingeniero Antonio Ramírez y Victoriano Reyes Mesa. Este último fue colocado por el referido funcionario para fungir como pesador de las cebollas en la compra masiva que se ejecutó en ese municipio de la provincia San Juan, sin que fuera empleado de la entidad. Para ambos el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva.

Asimismo, han sido involucrados los empleados de esa cartera Héctor Morillo (Encargado Sub-Zonal) y Fernando A. Ogando Montero (Técnico al Servicio Regional) y los agricultores Rafael Reyes Mesa y Hungría Jiménez. Para todos ellos se ha solicitado el pago de garantías económicas, la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía de esa demarcación.
En el mes de noviembre del año 2008 la Secretaría de Estado de Agricultura remitió a la DPCA un informe contentivo de las irregularidades detectadas, en el cual se señala que el Estado habría sido estafado por un monto de RD$79 millones 648 mil 254, por concepto de compra de unos 75,855.48 quintales de cebollas.

El mecanismo utilizado para defraudar al Estado dominicano consistió en la elaboración fraudulenta de facturas, alteraciones en la cantidad del producto, otorgamiento de facturas a agricultores ficticios, determinándose que se elaboraron listados con familiares, allegados y amigos de los funcionarios. En adición a esto, algunos de los imputados exigieron el pago de los llamados “peajes” para el pesaje del producto a los verdaderos agricultores. El caso está siendo investigado en coordinación con la Fiscalía de San Juan de la Maguana, cuyo titular, Pedro Mateo Ibert, adopta las medidas para garantizar la presencia de los imputados ante el juez competente.